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Operación Lezo: un escándalo que no se detiene

11 de junio de 2017 03:15 AM
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El pasado miércoles 7 de junio, en un apartamento ubicado en un lujoso barrio de Barranquilla, miembros del CTI de la Fiscalía encontraron en una caja fuerte 262.000 euros y un fajo pequeño con billetes de $50.000. El apartamento donde ocurrió el hallazgo está a nombre de Patricia Rodríguez, pero las autoridades están convencidas de que el dinero pertenece a su padre, Edmundo Rodríguez, expresidente de Canal de Isabel II. Él es el “número dos” en el escándalo que ha suscitado la operación Lezo, con la cual España indaga si personas como él o como el “número uno” en esta historia, Ignacio González, saquearon Canal de Isabel II y sus empresas para enriquecerse y enriquecer al Partido Popular.

Se trata de un escándalo de dimensiones mayúsculas en el país ibérico, pues el Partido Popular no sólo es uno de los más tradicionales en el ajedrez del poder, sino que a él pertenece el actual presidente español, Mariano Rajoy. Colombia, en los últimos dos meses, ha sido un gran aliado de España para las indagaciones y la cooperación judicial entre ambos países, indican fuentes oficiales, está funcionando. Aquí todavía nadie ha sido arrestado, mientras allá 11 personas ya fueron detenidas, incluidas Ignacio González y Edmundo Rodríguez, pero el hallazgo del dinero en Barranquilla les indicó a los investigadores que, localmente, la operación Lezo también podría volverse un terremoto pronto.

En Colombia, este asunto sigue siendo de bajo perfil para los ciudadanos del común: es enmarañado y la tormenta política que azota a España se siente lejana. Los barranquilleros, sin embargo, entienden mucho mejor de qué se trata: Canal de Isabel II es la casa matriz de Inassa, la empresa que desde 1996 empezó a comprar acciones de la sociedad Acueducto, Aseo y Alcantarillado de su ciudad (llamada la Triple A) hasta obtener el control de la compañía. Inassa es apreciada en la capital del Atlántico: logró el 100 % en la cobertura de agua y 98 % de alcantarillado. Apenas el año pasado Inassa señalaba que la Triple A era “la organización con el mejor índice de calidad del agua del país”.

No son empresas del montón. Canal de Isabel II e Inassa se han expandido por Suramérica y Centroamérica con 11 compañías y 320 proyectos. Así lo deja ver el informe de gestión de 2016 que Inassa les presentó a sus accionistas, el cual muestra que esa compañía creció en Colombia no sólo en Barranquilla, sino también en Santa Marta, capital de Magdalena, con Metroagua, y en Riohacha, capital de La Guajira, con ASAA S. A., además de R&T para gestión comercial y Amerika TI para tecnologías de información; en Ecuador, con Amagua e Inassa Ecuador; en República Dominicana, con AAA Dominicana; en Brasil, con Emissão; en Panamá, con Inassa Panamá, y en Perú, con Aguas de Tumbes.

En ese informe todavía figuraba en la junta directiva Diego García Arias, quien además era el gerente corporativo de gestión empresarial. El pasado 24 de abril, cinco días después de que fuera capturado en España Ignacio González y la operación Lezo empezara a tomar forma, la Comunidad de Madrid —a cargo de Canal de Isabel II— sacó a Arias de su cargo. La decisión vino de una de las más fuertes denunciantes de la corrupción que probablemente se tejió en Canal de Isabel II y en Inassa: la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La prensa española asegura que el juez que maneja este caso ordenó el arresto de García Arias y que lo solicitó ante Colombia en extradición.

La Guardia Civil española indaga si ciertas personas usaron a Inassa de caja mejor para pagar “mordiditas” a políticos suramericanos y han salido a flote grabaciones de llamadas, que forman parte del expediente, en las que se oye, por ejemplo, a Edmundo Rodríguez (expresidente de Inassa) dándole indicaciones a García Arias sobre esos supuestos sobornos. Al cierre del año pasado, sin embargo, en Inassa todo era alegría. “Durante el año 2016, Inassa ha fortalecido su misión como holding”, les comunicó la junta directiva a sus accionistas, demostrando que su crecimiento incluía el acompañamiento a Providencia y Santa Catalina en temas de acueducto.

Ese informe, no obstante, dejó ver también que los números de Inassa emitían señales de advertencia. Aunque su patrimonio está por encima de los $223.000 millones, el documento indica que los pasivos equivalían a más de $150.000 millones y que Inassa Colombia era la fuente de financiación de otras filiales. De ese débito, casi la mitad era “por el crédito celebrado con Canal Extensia, S.A.U. para la inversión en la compañía brasileña Emissao SA”. Asimismo, se registraban deudas a largo plazo por créditos para apoyar a Inassa Panamá y Ecuador, AAA Dominicana y Emissão S. A. Por esta última, se supone, Inassa pagó seis veces su valor real como una forma de desviar recursos.

A pesar de que en el último año los ingresos operacionales de Inassa fueron por $74.784 millones, los gastos operacionales los sobrepasaron: $76.435 millones. Problemas en las inversiones con Metroagua en Santa Marta fueron registrados como un “deterioro”, y aunque el informe dice que en 2016 el mayor problema allí fue “el intenso verano que se vivió especialmente en el primer semestre como consecuencia del fenómeno de El Niño”, este año en el informe de gestión se consignará que, en febrero —antes de que la operación Lezo se hiciera pública—, Metroagua perdió el contrato con la capital de Magdalena por cuenta de una acción popular que interpusieron habitantes de la ciudad a raíz de su mal servicio.

El patrimonio de la Triple A, advierte el documento, decreció 1,8 % en relación con el año pasado. El Ebitda (indicador financiero para calcular la capacidad de una empresa de generar beneficios) disminuyó frente a 2015 en un 13 %. Los ingresos operacionales crecieron el 4,1 % con respecto a 2015 y llegaron a ser más de $481.000 millones, sin embargo, “la utilidad operacional cierra el año con $85.875 millones, mostrando un decrecimiento con respecto al año 2015 de 16 %”. Los activos totales ascendían a $624.000 millones, mientras los pasivos rondaban los $406.000 millones. “El nivel de endeudamiento al cierre del ejercicio 2016 se situó en 65 %”.

Tanto en Colombia como en España, la operación Lezo avanza al parecer sin tropiezos. Esta semana en particular fue agitada: se inspeccionó el apartamento del “número dos” de este escándalo, Edmundo Rodríguez, por solicitud del juez del caso, Eloy Velasco. Y el 3 de junio, ocho investigadores del CTI y de la Guardia Civil española estuvieron en las instalaciones de Inassa para recoger información; el allanamiento duró tres días. “Nuestros fiscales se encuentran en Barranquilla llevando a cabo la diligencia de allanamiento y de acreditación de evidencias documentales, en la operación Acordeón (o Lezo) que adelanta la Fiscalía conjuntamente con la Fiscalía española”, confirmó el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Una de las aristas de la investigación busca establecer si se pagaron sobornos a políticos colombianos con los recursos de Inassa y de la Triple A de Barranquilla. Según el medio español El Confidencial, dinero en efectivo de la tesorería de Inassa “se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran, ya que el efectivo se cargaba en vehículos de Inassa para trasladarlos al punto de entrega”.

Si la empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla fue instrumentalizada para fomentar la corrupción es un asunto aún por aclarar. La tormenta que afronta en España el Partido Popular es enorme, pues Ignacio González fue el presidente de la Comunidad Madrid hasta 2015. Él era la mano derecha de Esperanza Aguirre, vocera del PP en Madrid y dirigente histórica de esa colectividad política, que renunció cinco días después de la captura de González. El miércoles pasado, el medio español El Plural reveló que tanto González como Rodríguez, tal parece, han seguido realizando movimientos bancarios aun detenidos, por lo que en Colombia se esperan más allanamientos como el que se realizó el pasado 7 de junio en el apartamento de Edmundo Rodríguez en Barranquilla.

Fuente: elespectador.com

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