Coyuntura/¿Bienvenidos al pasado?

25 de noviembre de 2013 11:44 PM

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El Gobierno ha tomado recientemente medidas encaminadas a aislar el sector agropecuario de la competencia foránea. Como el discurso gubernamental sigue siendo el mismo, y se continúan negociando tratados comerciales, cabe preguntarse qué explica esta incongruencia.

En su discurso de posesión en agosto de 1990, el presidente Gaviria saludaba a sus compatriotas de una manera inusitada: “Bienvenidos al futuro”. Era su manera de invitarnos a participar en la construcción de un país que creciera más y que redujera con prontitud la pobreza, todo ello mediante una inserción abierta de Colombia a la economía mundial.

Aunque esos anhelos solo en parte se han cumplido, no hay razón para abandonar el rumbo que entonces se trazó. Bastaría revisar los casos de Corea del Sur, India, China, Perú y Chile, países que han incorporado con éxito la apertura de sus economías como estrategia de crecimiento. Como se muestra en el cuadro 1, todos ellos crecen más que nuestro país, que es el que presenta un menor grado de inserción en la economía mundial.

El Gobierno ha tomado medidas para aislar al sector agropecuario de la competencia foránea. Como el discurso gubernamental sigue siendo el mismo, y siguen negociándose TLC, cabe preguntarse qué explica esta incongruencia.

Las cifras oficiales revelan que si bien la pobreza nacional se viene reduciendo a buen ritmo, en el campo se ha recrudecido, lo cual amplía la brecha de bienestar entre los sectores rural y urbano. Esta es la razón última del malestar campesino.

Además el Gobierno no ha tenido éxito en su politica agropecuaria: la Ley de Restitución de Tierras depende, por errores de diseño, de decisiones judiciales que son, de ordinario, lentas; la de Desarrollo Rural quedó bloqueada por el veto de las comunidades negras e indígenas. Los paros, que en general se traducen en actos de violencia inadmisibles, se han revelado como un mecanismo eficaz para obtener beneficios: es más rentable la coacción que la argumentación.

Las medidas que el Gobierno suscribió recientemente en Tunja para conjurar una asonada son inconvenientes y, en algunos casos, violatorias de compromisos internacionales suscritos por Colombia. Examinemos algunas de ellas.

En relación con las importaciones de papa y leche, el Gobierno se comprometió a compensar a los productores, asumiendo las importaciones como si fueran producción doméstica. Esta compensación equivaldrá a la diferencia entre el precio nacional - que se considera justo- y el de importación cuando este sea menor. Para hacer llegar a los productores estos subsidios se establece una compleja mecánica: la Nación girará los fondos a las gobernaciones y estas, a su vez, a las asociaciones de productores.

Se considera precio justo el resultado del funcionamiento libre del mercado, sin distorsiones por subsidios o prácticas desleales de comercio. Cuando estas situaciones se presentan, los acuerdos constitutivos de la OMC permiten imponer, en el primer caso, derechos compensatorios y, en el segundo, derechos anti-dumping.

Al margen de la ilegalidad del mecanismo adoptado, cabe preguntar: ¿Cómo y cada cuanto se fijará el precio justo? ¿Quién tendrá a cargo esa responsabilidad? ¿De qué manera se van a escoger las asociaciones de productores receptoras de los subsidios? ¿Cómo se elegirán los productores que recibirán esta mermelada y en qué proporciones?

Aunque ha pasado un tanto desapercibido, el Ministro del Interior ha declarado que el Gobierno comprará 1.000 toneladas diarias de papa. Explica el Ministro que si el precio en Corabastos está en 30.000 pesos, nosotros compramos ese día a 35.000 pesos. Se espera que eso jalone el precio para que al día siguiente esté más alto".

Sin embargo, convendría conjeturar a qué precio venderá el Gobierno la papa que adquiera. Si lo hace por debajo del precio de compra, o del margen que sea habitual, esta intervención puede hacer que desaparezcan los miles de empresarios, muchos de ellos pequeños, que se ganan la vida en esa actividad: no sabrían a qué precio vender y, por lo tanto, a qué precio comprar (peor si la regala, como ha sucedido). Un buen ejemplo de lo que podría suceder lo aporta Venezuela, cuyo Gobierno, con innegable eficacia, ha destruido el sistema de precios.

Además, el acuerdo boyacense establece que: “prohibirá la rehidratación de leche en polvo importada para ser comercializada como leche líquida”. Si esta medida tuviere justificación desde el punto de vista sanitario, se aplicaría al margen del origen, nacional o importado, del producto, pero como aplica exclusivamente a las importaciones constituye un obstáculo técnico al comercio prohibido por los acuerdos suscritos en la OMC.

También dice que se otorgará en las compras estatales una ventaja del 20 por ciento a las ofertas que incorporen bienes agropecuarios colombianos. Uno de los principios de la OMC consiste en que cada país miembro está obligado a conceder a las mercancías importadas un trato no menos favorable que el otorgado a las mercancías idénticas o similares de producción nacional.

Para terminar este catálogo, señalo que nuestras autoridades se han comprometido a impulsar una oferta local de cebada maltera. Han pasado por alto que ningún país tropical es competitivo en la producción de cebada, razón por la cual la oferta nacional es, en realidad, inexistente. ¿Qué razón habría para empecinarnos en producir aquello para lo que no somos buenos cuando en muchos productos somos competitivos en los mercados del mundo? A nadie se le ocurriría por ejemplo, producir café en Canadá.

Lo peor es que el gran problema de Colombia es la baja productividad del agro. Las medidas reseñadas en nada contribuyen a cambiar esa realidad.

Fuente: portafolio.co

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