Reciba las últimas noticias sobre temas interesantes con NewsHub. Instalar ahora.

Extravíos de la jurisprudencia

5 de septiembre de 2014 04:30 AM
7 0

Una cosa es decidir si la adopción es un derecho o una medida de protección, por ejemplo, y otra definir el concepto de familia. El Estado de Derecho supone la defensa de unas de libertades y la eficacia de unas garantías, pero también descansa sobre el principio del control y sobre el equilibrio de poderes.

La ausencia de controles genera autoritarismo. La historia trae los ejemplos: Grecia se volvió Roma, la revolución francesa se volvió el imperio napoleónico, la Ilustración rusa se volvió la revolución soviética y –entre nosotros- un gobierno hegemónico, no sujeto controles democráticos, se nos convirtió en la violencia del medio siglo xx. Pero además, en un estado democrático, afecta el equilibrio de poderes.

El derecho se ocupa de lo debido y la política de lo preferible. Aquel funciona en torno a reglas y a principios, ésta en torno a valores sociales. Ambos deben consultar su contexto, pero el jurista decide conforme a derecho y el político conforme a conveniencias públicas o a consideraciones vinculadas con la cultura social.

No está bien que sean los jueces quienes definan políticas públicas. Inclusive es preocupante que haga carrera la idea de pedir a la Corte Constitucional decisiones sobre políticas que no han sido definidas por las leyes. Es preferible que permanezcan sin definición. Desplazar la decisión hacia la Corte lesiona los contrapesos y balances propios de la separación de las ramas del poder.

Vivimos en un tiempo que ha llegado al extremo de pedir, impunemente, a los jueces decisiones sobre la conveniencia, o no, de mantener las corridas de toros; sobre la viabilidad de modificar la Constitución política; sobre el concepto mismo de familia; incluso sobre si el pueblo puede o no definir el alcance de algunos derechos, so pena de que los tribunales anulen sus decisiones. Eso no es gobierno sino dictadura de los jueces.

Es bueno revisar el alcance del control sobre el Gobierno y, sobre todo, el control sobre la Corte Constitucional porque –probablemente sin quererlo- estamos deformando el sistema democrático. Una cosa es el sentido contramayoritario del control judicial y otra es la supremacía de sus potestades hasta más allá del equilibrio de poderes.

Roberto Gargarella ilustra el problema con un ejemplo de alcance universal: “En una decisión crucial para la vida pública norteamericana –y la salud política del mundo- una mayoría de cinco jueces decidió, en lugar de la voluntad ciudadana, quien debía ser el presidente de los Estados Unidos (Bush vs. Gore) invocando una curiosa lectura del significado de la Constitución” (“Acerca del constitucionalismo popular”, Revista U. de Palermo).

La Corte no puede sustituir al Congreso y lo está haciendo. Las sentencias judiciales no pueden seguir invadiendo espacios reservados a las leyes o al ejercicio político. No importa el pretexto, la disculpa, la justificación. Eso es, por lo menos, un extravío de la jurisprudencia, que termina produciendo efectos nocivos sobre el Estado de Derecho.

Fuente: feeds.elespectador.com

Compartir en las redes sociales:

Comentarios - 0