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Cesan al gobierno catalán y convocan a elecciones

28 de octubre de 2017 06:17 AM
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Cesan al gobierno catalán y convocan a elecciones

Mariano Rajoy jugó la única carta que le quedaba que mantener la unidad del país. Ante la resolución del Parlamento de Cataluña de romper con España, Rajoy cesó al presidente catalán Carles Puigdemont y a su gobierno, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre.

Todo se desencadenó rápidamente ayer en España. Primero, en Barcelona, el Parlamento catalán proclamó la independencia de Cataluña impulsada por los sectores secesionistas más radicales. Menos de una hora después, en Madrid, del Senado le daba al presidente Rajoy luz verde para aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir en Cataluña y frenar todo el proceso independentista.

Con el aval del Senado, Rajoy anunció el "cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y del resto de miembros del gobierno", cuyas funciones serán asumidas por los ministerios equivalentes. También anunció la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

"Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y serenidad", afirmó Rajoy al anunciar esa batería de medidas, al tiempo que garantizó que el Estado dispone de medios suficientes para recuperar la normalidad y disolver cualquier tipo de amenaza sobre la convivencia "de forma pacífica y moderada".

"Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos", afirmó.

"Los españoles estamos viviendo una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña", dijo Rajoy en su intervención, en la que reprochó a los independentistas su falta de respeto a los derechos de la mayoría.

Rajoy ordenó también el cese del secretario general de Interior del Gobierno regional, César Puig, y el del director general de la Policía catalana (Mossos dEsquadra), Pere Soler, una medida que no afecta de momento al jefe operativo del cuerpo, Josep Lluís Trapero, en libertad con medidas cautelares mientras es investigado por un delito de sedición. Junto a esos dos altos cargos, también fue destituido el propio consejero de Interior, Joaquin Forn.

Las medidas anunciadas por Rajoy fueron aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario, aunque también se celebró otro ordinario, en el que el Gobierno pidió al Tribunal Constitucional que anule la declaración de independencia votada ayer en el Parlamento de Cataluña.

Casi al mismo tiempo que Rajoy oficializaba la intervención de Cataluña, la Fiscalía general española anunciaba una querella contra Puigdemont por presunta rebelión, pasible con hasta 30 años de prisión.

Además de la destitución del gobierno y las elecciones, su Ejecutivo también decretó cerrar la red de embajadas abiertas por el gobierno regional para promover su causa y destituir al director de la policía regional, los Mossos dEsquadra, que cuenta con unos 16.000 agentes. "No se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia", dijo Rajoy.

Pero la aplicación del artículo 155 no está exenta de dificultades, porque implica gestionar a más de 200.000 funcionarios regionales y municipales en Cataluña. Desde los partidos políticos y las asociaciones independentistas, llaman a resistir pacíficamente y proteger la frágil república, apoyada también por centenares de ayuntamientos en la región.

"Vienen horas en que a todos nos va a tocar mantener el pulso de este país", con "calma y dignidad", declaró Puigdemont ante los diputados, alcaldes y público congregados en el Parlamento catalán. La actitud del independentismo catalán ha sido hasta ahora mayoritariamente pacífica durante sus grandes movilizaciones.

La reacción de la comunidad internacional fue claramente a favor de Rajoy y en contra de la independencia de Cataluña. Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, la Unión Europea, Naciones Unidas y la OTAN anunciaron que no reconocerán a una Cataluña independiente. Esa fue además la posición de la mayoría de los países de América Latina que se pronunciaron ayer. (Ver A/12)

La votación de la declaración de independencia refleja cuán partida está la sociedad catalana en este tema. El Parlamento catalán está integrado por 135 diputados. Ayer votaron 82 que asistieron a la sesión: 70 (51,8% del cuerpo) lo hicieron por el sí, dos por la negativa y diez en blanco. La votación fue secreta y la mayoría por la independencia la dieron los diputados de la CUP —extrema izquierda secesionista que aportó diez votos— y el bloque Junts pel Sí. No estaban en sala los 52 diputados del Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Cs).

En cambio, en el Senado español fue abrumador el apoyo a Rajoy para que aplique el artículo 155 de la Constitución y frene la independencia de Cataluña. El Senado tiene 262 escaños: 214 (81,65) votaron por la intervención, 47 (17,9%) por la negativa y hubo una abstención. La mayoría a favor de la intervención la dieron el PP de Rajoy, el PSOE, Cs y Coalición Canaria. En contra votaron Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco y el PDeCAT, el partido de Puigdemont en Cataluña.

De cara a las elecciones del 21 de diciembre, los sondeos apuntan a un resultado similar al de los comicios regionales de 2015, que dieron mayoría absoluta a los partidos separatistas en el Parlamento catalán.

El gobierno español aseguró ayer viernes que respetará su objetivo de reducción del déficit presupuestario para 2018, después de que Bruselas le solicitara transmitir lo más rápido posible su proyecto de presupuesto, retrasado por la crisis catalana.

"En cuanto se envíe un presupuesto definitivo para 2018, el déficit será del 2,2%, es decir, se cumplirá el objetivo", indicó el Ministerio de Economía.

La tensión entre Madrid y los secesionistas catalanes también avivó la venta de euros, luego de que el Parlamento de Cataluña declaró la independencia. El euro retrocedió ayer viernes y anotó su mayor pérdida semanal en el año.

El presidente Rajoy cesó al Gobierno catalán encabezado por Puigdemont, y asumió el control de la región. El Gobierno central se hace directamente con los poderes de la administración catalana hasta los comicios del 21 de diciembre.

No está claro si las elecciones anticipadas servirán para resolver la crisis. Una encuesta publicada el domingo por El Periódico mostró que las elecciones arrojarían resultados similares a las de 2015, cuando una coalición de partidos proindependentistas formó un gobierno en minoría. Otras encuestas han mostrado que Cataluña está dividida prácticamente al 50% entre partidarios y detractores de la independencia.

Los principales grupos secesionistas han instado a la desobediencia civil y han dado instrucciones a los funcionarios para que desobedezcan las órdenes de Madrid y respondan con una resistencia pacífica.

Rajoy no tenía previsto arrestar a nadie, pero no está claro cómo procederá si la actual administración regional se niega a abandonar sus despachos.

Uno de los principales problemas para la aplicación del control directo será el relativo a la policía catalana, los Mossos dEsquadra. Un grupo de Mossos que está a favor de la independencia ha dicho que no cumplirá órdenes de los cuerpos de seguridad del Estado español.

Fuente: elpais.com.uy

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