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Dos caras de la posición empresarial frente a la reglamentación de JEP

29 de octubre de 2017 04:11 AM
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Lo que estamos puntualizando es que la JEP se creó principalmente para los combatientes y de manera excepcional para los terceros responsables. Y creemos que no se puede utilizar como una patente de corso para poder involucrar a todas las personas que crearon, por ejemplo, organizaciones cívicas. Por eso estamos buscando que la JEP no sea utilizada para cacería de brujas.

Sí. Pero cuando vemos las amenazas de un dirigente de las Farc como Carlos Lozada, miembro del secretariado, que nos está anunciando que quiere llevar a toda la sociedad civil y especialmente al sector privado a la JEP, pues creo que quedan completamente fundadas nuestras preocupaciones. Mire el tuit que nos enviaron: “Si las Farc antes de hacer política deben pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”.

Pues nos está amenazando y de manera atrevida está equiparando una organización criminal como las Farc con el empresariado. Por eso, industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores no pueden terminar metidos por múltiples denuncias a la JEP porque se llega a un estado, que es el que las Farc quieren, donde todos somos delincuentes y todos hemos participado en excesos.

Sí. Hay que buscar que tenga todos los seguros para impedir que se abuse de ella. Además, el peligro económico que eso conlleva. Seguro muchas personas que van a llevar allá o a las que les abran procesos al final demostrarán su inocencia, pero lo van a hacer después de un proceso en el que quedan marcados, y el efecto de mala reputación se puede traducir en contra de sus negocios y sustento. Y pues ya estamos advertidos, nos lo dijeron de frente.

El Gobierno ha dicho que la JEP no va a ser una cacería de brujas y que solo investigará a empresarios que hayan financiado masacres...

Solo el hecho de empezar a llamar a personas inocentes a la JEP y que puedan tener procesos abiertos en la justicia ordinaria les puede causar un daño económico y en su reputación. Es un peligro muy grande. Repito: la JEP debe ser para los combatientes y, de manera excepcional, para terceros responsables.

Entonces, por un tema de calendario electoral tenemos que aguantarnos la impunidad y que uno de los elementos esenciales del acuerdo, que es la obligación de las Farc de someterse a una jurisdicción especial y que haya fallo y una pena, lo obviamos. ¿Desde cuándo es más importante un calendario electoral que cumplir con el proceso?

Bruce Mac Master, presidente del Consejo Empresarial para la Paz (y de la Andi), fija la posición de este gremio sobre el estatuto que cursa en el Senado y reglamenta la justicia especial para la paz (JEP): “Desde hace por lo menos un año constituimos un grupo especial de estudio que lo denominamos el Consejo Empresarial para la Paz Sostenible, del que forman parte Andi, SAC, Confecámaras, Asociación Colombiana de Petróleo, la de minería, Camacol, en donde hemos venido trabajando para que la reglamentación de la JEP salga lo mejor posible. Hemos hecho observaciones y han sido atendidas, y hay que destacar diálogos particularmente fructíferos con el con el Ministro del Interior, con el Fiscal. Hemos hecho un listado grande de observaciones, las cuales fueron incluidas dentro de la ponencia”.

Exactamente. Sería equivocado interpretar que la gente extorsionada o coaccionada durante años –como sucedió en el campo colombiano–, la empresa colombiana, fueran consideradas victimarias o financiadores de las Farc, cuando realmente fueron víctimas de ellas. Hemos logrado aclarar el universo de quiénes son el tipo de ‘terceros’ que serían eventualmente llevados a la JEP.

Es decir, los empresarios en general no se sienten en peligro con la JEP...

Eso es justamente el esfuerzo que se ha hecho, y las puntualizaciones que se han logrado lo fueron precisamente en el sentido en que el sector privado y los ciudadanos comunes y corrientes no estén en peligro con la JEP.

Por varios caminos; uno, definiendo cuáles son verdaderamente los crímenes por los cuales van a ser eventualmente juzgadas las personas en la JEP, y esta ha sido clara en que los terceros que irán serán los que hayan cometido crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad o los crímenes que son violatorios del DIH.

¿Esos son los crímenes exclusivos por los cuales podrían ser juzgados?

Solamente. Y logramos también que quienes fueron extorsionadas durante años sean consideradas víctimas dentro del conflicto armado y no financiadores. Otro mecanismo: se mantiene el principio esencial del derecho según el cual la carga de la prueba de alguien que eventualmente sea vinculado a un proceso esté en cabeza del Estado.

Si las cosas salen en la ley estatutaria de la JEP que se discute en este momento, con la ponencia tal y como está, porque es muy importante que no se modifique, yo diría que tenemos suficientemente identificados cuáles son los terceros que eventualmente van a ir a la JEP; si uno logra identificar ese universo, todos debemos estar tranquilos.

En la ley estatutaria que reglamente la JEP, ¿quiénes son realmente los terceros?

Los terceros son las personas que no fueron combatientes dentro del conflicto armado.

No obligatoriamente: en el grupo del Consejo Empresarial para la Paz Sostenible estamos unidos; en el Consejo Gremial ha habido permanentemente opiniones distintas. Yo creo que independientemente de la posiciones políticas la responsabilidad de todos los colombianos en este instante es coadyuvar para que la implementación de la JEP salga lo mejor posible.

Hay mucha desinformación y durante esta semana han pasado muchas cosas; tarea nuestra es levantar las alarmas donde haya que hacerlo.

Para intervenir en política, ¿los exguerrilleros de las Farc deben haber sido antes juzgados o no?

Fuente: eltiempo.com

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